El sistema de la crueldad IV (introducción) (INFORME ANUAL 2009, COMITÉ CONTRA LA TORTURA, COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA)

Introducción Pág. 15,16

(un articulo ideológico-periodistico de mi autoría sobre San Isidro y la villa la Cava, sobre la baja de imputabilidad de los menores, click aquí.)

(Lea del mismlo libro "La causa judicial de Marta Pedroso", click aquí)

El debate público en la provincia de buenos aires ha estado fuertemente signado en los últimos meses por la demanda social de mayor seguridad y la aprobación o promoción de un conjunto de normas e iniciativas que consagraron el endurecimiento del sistema penal. El discurso mediático se ocupó recurrentemente de subrayar la peligrosidad de los jóvenes y la violencia con la que actúan. Se publicaron estadísticas, cuya fuente nunca fue declarada, sobre la participación de menores en hechos delictivos graves, y se planteó abiertamente la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años como una política idónea y necesaria para combatir la inseguridad.

En diciembre del año pasado, pese a las advertencias y pronunciamientos en contra de numerosos organismos e instituciones, la legislatura provincial aprobó una nueva reforma del Código Procesal Penal cuyas consecuencias ya son evidentes; si sumamos la población alojada en cárceles y comisarías la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo. Sin la mayor preocupación por sus consecuencias sociales y su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario, se votó una norma que viola preceptos constitucionales básicos y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Sobre ese telón de fondo, la política penitenciaria provincial no logró promover un cambio en las lógicas que caracterizan la institución carcelaria: la extendida violencia institucional, la corrupción, los traslados constantes y la desatención sanitaria. Por otro lado, la fuerza continúa militarizada y no se han privilegiado políticas que apunten a la profesionalización del personal.

En materia de políticas de seguridad, la gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex ministro de seguridad León Arslanián, que aspiraba al control político de la institución policial, la actual gestión del gobernador Daniel Scioli ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder; se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada en comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas, ejecuciones policiales y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador.

En la provincia de Buenos Aires, la Comisión por la Memoria acompañó la implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de ala niñez y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil desde los 16 años. Ambas fueron diseñadas y consensuadas por un arco amplio de organizaciones sociales, políticas, sindicales e institucionales. Y lograban traducir un doble desafió: dejar de lado los dispositivos tutelares del Poder Judicial e impulsar un modelo de intervención sobre la infancia y la adolescencia con una fuerte implicación y participación de los municipios y las organizaciones sociales. En este contexto, el sistema penal era algo así como la última ratio y, con la creación del fuero penal juvenil a partir de los 16 años, se creaban los mecanismos procesales para que los jóvenes en conflicto con la ley tuvieran garantizando el derecho a un justo proceso. No obstante ello, la ausencia de decisión política y la falta de presupuesto para su implementación frustraron el espíritu de ambas normas que proponían un abordaje integral en términos de derechos para los niños y jóvenes. No se crearon los dispositivos preventivos, asistenciales y de contención contemplados por la ley, no se modificaron las condiciones indignas de alojamiento y tratamiento en institutos y centros de recepción, y tampoco se lograron bajar los niveles de institucionalización de los niños y adolescentes. En síntesis, en la provincia de Buenos Aires al no destinarse los fondos indispensables, los mecanismos previos y complementarios del sistema de responsabilidad penal juvenil aun no funcionan. Nos estamos refiriendo puntualmente al consejo interministerial, los consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social, entre otros dispositivos institucionales de promoción y protección de los derechos creados por la ley provincial 13.198.

En suma, a la hora del balance, las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas a lo largo de 2008 ponen en evidencia el impulso predominante de políticas represivas por sobre las orientadas a la equidad social, la redistribución de la riqueza y la democratización del sistema penal y penitenciario.